Nación autorizó aumentos en telefonía, Internet y TV por cable
El Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) autorizó a las empresas a cobrar un incremento a partir de octubre y otro en diciembre para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil; y televisión por cable y satelital. Así, las subas a partir del 1 de octubre será de 19,8% y la segunda a partir del 1 de diciembre que será de hasta 9,8%.
Mediante de la Resolución 1754/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) estableció dos subas: la primera de ellas que empezará a regir a partir del 1 de octubre será de 19,8% y la segunda a partir del 1 de diciembre que será de hasta 9,8%.
Las subas autorizadas alcanzan a las empresas licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles; Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet; Servicios de Telefonía Fija; Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico; y Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital.
El ENACOM advirtió también que “el apartamiento de lo dispuesto” en este último párrafo “se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores; y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Régimen de Sanciones aplicables para los servicios de TIC”.
En los considerando, el Gobierno manifestó que tras los aumentos de mayo y julio de este año, “corresponde autorizar nuevos incrementos con aplicación a partir de octubre y diciembre de 2022; evaluados en el contexto económico y dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”.
“Los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, explicó el ente que no obstante aclaró que “admitir un precio irrazonable implicaría la afectación de una gran parte de la sociedad”.