Esa mayoría se obtuvo gracias ex aliados a La Libertad Avanza, «heridos» del cierre electoral y ausencias clave. Tras la votación, cuatro diputados libertarios anunciaron que se van del bloque.
Los 172 que votaron a favor de la emergencia en discapacidad se conformaron a partir de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo en el cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones.
La acción se trata de un nuevo revés para la administración mileísta, que ve desafiado como nunca el corazón de su política económica, el superávit fiscal, uno de sus emblemas para enfrentar la campaña electoral, que ya está en marcha. Con este golpe, el Presidente ve resquebrajarse el escudo legislativo que había mostrado bajo la consigna de “los 87 héroes”.
Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara Baja.
Costo fiscal
El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares.
Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.
Los números, sin embargo, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
