
El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, reveló una serie de cambios en la administración pública, focalizándose especialmente en organismos asociados a la infraestructura vial. Es así que se decidió que la Dirección Nacional de Vialidad y otras entidades relacionadas enfrentarán un cierre definitivo, tras un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Este reordenamiento ocurre en paralelo con el eco judicial de la condena de Cristina Kirchner por delitos de corrupción en proyectos de infraestructura vial.
La medida fue justificada por Adorni durante una conferencia de prensa, aludiendo a un legado de corrupción y despilfarro, Esto , según él, ensombreció la reputación de dichas instituciones.
Además de Vialidad, también cesarán la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este reordenamiento busca centralizar funciones bajo lo que ahora se conocerá como la Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte. Este organismo tendrá la tarea de fiscalizar las concesiones viales, asegurando así un marco de mayor eficiencia en términos de responsabilidad y transparencia.
Uno de los cambios más significativos es el proceso licitatorio de 9120 kilómetros de rutas, que “tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas como nunca antes en la historia”. Como resaltó el vocero, se procura un resurgir y renovación de la red vial argentina en pos de un servicio más seguro y confiable. Además, Gendarmería Nacional asumirá nuevas responsabilidades, controlando con mayor rigor los puntos críticos de tráfico del país.
“La corrupción en la obra púbica tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el Presidente”, remarcó. Por último, aclaró que el cierre de los organismos se da en el marco de las facultades que le delegó el Congreso de la nación al Poder Ejecutivo.